Vigilancia · Ley 25739 nov 2026
La etapa que la propia SIC fijó para el 2 de noviembre pasó sin publicarse el proyecto: a diez días de la entrada en vigor, el estándar técnico no existe ni como borrador
La Ley 2573 de 2026 entra en vigor el 19 de noviembre de 2026, seis meses después de su promulgación, y es el artículo 4 el que a partir de esa fecha obliga a la entidad a demostrar que adoptó medidas de seguridad digital suficientes y razonables. El estándar técnico contra el cual se mide esa suficiencia debía nacer del proceso de reglamentación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estado verificado a la fecha de cierre: la tabla «Etapas de la convocatoria» publicada por la propia SIC fija cinco etapas — convocatoria del 8 de septiembre al 9 de octubre, selección del 28 de septiembre al 10 de octubre, mesas de trabajo hasta el 16 de octubre, publicación de la propuesta para comentarios el 2 de noviembre de 2026 y expedición el 20 de noviembre de 2026. La etapa 4 venció el 2 de noviembre, el primer día de la ventana que cubre este radar. A la fecha de cierre no se localiza la propuesta: no aparece en la sección de proyectos normativos de la sede electrónica de la SIC, cuyo único registro visible sigue siendo un proyecto de 2024 ajeno a la materia, ni figura en la sala de prensa, donde las publicaciones de noviembre tratan de reclamos en SIC Facilita, marcas y libre competencia. Corrección del registro de este sitio: la entrega anterior consignó que ese cronograma provenía «de análisis de consultoría del sector, no de un acto administrativo ni de un comunicado de la SIC». La verificación de este periodo lo desmiente en parte: el cronograma está en la convocatoria publicada por la SIC. La consecuencia es relevante — no se trata de un calendario atribuido por terceros, sino de una etapa que la autoridad anunció y que transcurrió sin cumplirse. Conviene conservar la distinción jurídica: una etapa de convocatoria no es un plazo legal exigible y su incumplimiento no genera por sí mismo consecuencia sancionatoria; lo que sí tiene fecha legal es la entrada en vigor del 19 de noviembre. Pertinencia para una entidad vigilada en Colombia: quedan diez días para que la inversión de la carga de la prueba sea exigible y once para la fecha de expedición anunciada, sin propuesta publicada y, por tanto, sin periodo de comentarios. Si la expedición ocurre el 20 de noviembre sin esa etapa intermedia, el sector recibirá el estándar ya expedido y un día después de que la obligación probatoria empezara a correr; si no ocurre, la ventana sin estándar deja de ser transitoria. En ambos escenarios el criterio aplicable durante el lapso es el de suficiencia y razonabilidad del propio texto legal, apreciado caso a caso, y el único soporte disponible es el expediente que la entidad pueda exhibir: trazas de verificación de identidad y de segundo factor, motivación documentada de la aprobación o el rechazo, y constancia del envío de alertas. Las referencias comparadas del marco regulatorio de este sitio — el TJUE y la línea chilena bajo la Ley 20.009 — muestran qué es lo que un tribunal acaba mirando cuando no hay estándar escrito: no la existencia de la traza, sino qué acredita.
Ver ficha 04 · Fraude de identidad en originación ↓
Mutación · Estados Unidos5 nov 2026
El falso CEO ya no cierra la operación: entrega la víctima a un supuesto abogado externo, también sintético, que es quien ordena la transferencia
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció cargos contra tres personas por un esquema que, entre 2024 y 2026, obtuvo más de USD 129 millones de empresas en varios países. El comunicado describe una cadena en dos etapas de suplantación, y es ahí donde está la novedad. Primero se contacta a un empleado y se usa tecnología generativa para imitar la voz y/o la imagen del director ejecutivo — el texto oficial dice «used SI to impersonate the voices and/or images of corporate executives» y «would use SI to mimic the CEO's voice and/or image in calls with the employee» —, pidiéndole ayuda con una transacción «confidencial». Después el empleado es derivado a supuestos abogados de firmas internacionales, igualmente suplantados, que aportan la capa de credibilidad; uno de los acusados operaba con un guion titulado «Lawyer Call» especializado en suplantar abogados británicos. Es el falso abogado, no el falso CEO, quien finalmente instruye la transferencia. Los fondos se convertían en criptoactivos y pasaban por cuentas en Estados Unidos, España, Portugal, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Austria, Eslovaquia y China. Precisión de cifra: el comunicado titula «más de USD 129 millones» pero en su introducción dice «más de USD 100 millones», y detalla seis víctimas que suman unos USD 31,9 millones — entre ellas un banco de Rhode Island, dos sistemas hospitalarios, una gestora de fondos y una fintech británica, esta última por USD 11.578.474 —, presentadas expresamente como ejemplos. No publica el total de víctimas. Tampoco especifica la tecnología: dice «voz y/o imagen», sin distinguir clonación de voz de vídeo sintético. Los tres fueron detenidos en España y el Reino Unido entre junio y septiembre de 2026, con extradición pendiente, y uno de ellos ya había sido condenado en 2008 por conspiración para cometer fraude bancario; rige la presunción de inocencia. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: el relevo al falso abogado está diseñado contra el control que la mayoría de las entidades ya tiene. La defensa estándar frente al fraude al CEO es la verificación por un canal independiente con el directivo suplantado; aquí el empleado no necesita volver a hablar con el «CEO», porque la instrucción de pago llega de un tercero externo cuya legitimidad el empleado no está entrenado ni facultado para cuestionar, y la confidencialidad pedida en la primera etapa es precisamente lo que impide la consulta interna. Para una entidad esto opera en dos frentes simultáneos: como víctima, en tesorería y en la mesa de ayuda, donde la regla de verificación debe alcanzar a los asesores externos y no solo a los directivos; y como canal, en la banca empresarial, donde el pago llega con autorización formalmente válida del cliente corporativo y por tanto queda fuera del alcance de las reglas de toma de cuenta — el patrón detectable es el beneficiario nuevo en jurisdicción distinta a la operación habitual, con conversión a criptoactivos aguas abajo, precedido de una ruptura del circuito de aprobación dual.
Ver ficha 19 · Vishing corporativo con clonación de voz ↓
Mutación · Estados Unidos3 nov 2026
La autenticación no se rompió: se eludió con empleados corrompidos a la vez en el banco y en el operador móvil, con casi 3.000 víctimas identificadas en una hoja de cálculo
Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas acusó a 14 personas en una imputación de 22 cargos por conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, fraude bancario, fraude electrónico y robo agravado de identidad. La acusación fue devuelta el 26 de agosto y se hizo pública el 3 de noviembre de 2026, tras detenciones en Florida; el señalado líder había sido capturado días antes en el aeropuerto JFK cuando intentaba salir del país. La conducta imputada va de julio de 2023 a noviembre de 2024 y combina obtención de datos personales, producción y tráfico de identificaciones falsas, suplantación de las víctimas, manipulación de líneas telefónicas mediante spoofing y SIM swapping e interceptación de códigos de seguridad. El elemento central es el acceso interno: el comunicado habla de «allegedly corrupt insiders at major banking and telecommunication institutions» y afirma que los conspiradores «used corrupt insiders within banks and telecommunications companies to bypass authentication measures». Precisión de cifra: los USD 373 millones son el saldo agregado de las cuentas comprometidas que figuraban en una hoja de cálculo en poder del principal acusado, con casi 3.000 personas listadas; no es el monto sustraído, que el comunicado no informa. El único intento cuantificado es una transferencia de USD 2 millones hacia un banco en Emiratos Árabes Unidos, descrita como intento. La prensa que tituló «fraude de USD 370 millones» convirtió un saldo expuesto en una pérdida: son magnitudes distintas. El comunicado menciona SIM swapping, no portabilidad de línea, y no identifica las entidades ni el rol de los empleados implicados. Rige la presunción de inocencia. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: la combinación es la que importa. El insider bancario ya está descrito en la ficha 24 de este catálogo con un caso nacional; lo que este expediente añade es el insider simultáneo en el operador móvil, que convierte el segundo factor por SMS en un control que el atacante administra desde dentro de la cadena. Para una entidad vigilada esto tiene dos lecturas concretas. La primera es de dependencia: si el OTP viaja por un canal cuya integridad depende de un tercero, la diligencia que el artículo 4 de la Ley 2573 obligará a demostrar desde el 19 de noviembre no termina en el perímetro propio, y la trazabilidad del envío debe poder acreditarse frente a ese proveedor. La segunda es de detección: el patrón no aparece en el comportamiento del cliente sino en el del operador interno y en la secuencia — cambio de datos de contacto, reasignación de línea y uso del OTP en ventana corta —, que es analítica de usuario interno y de ciclo de vida de la línea, no scoring transaccional. La Resolución CRC 8308 de 2026, ya en su primer bloque de vigencia, interviene el canal pero no el riesgo de colusión en el propio operador.
Ver ficha 24 · Colusión interna con acceso privilegiado ↓
Cifra · Colombia4 nov 2026
Las denuncias por fraude en transferencias electrónicas crecen 141% en Bogotá en los ocho primeros meses de 2026, mientras Bre-B amplía su cobertura
Un análisis de BPC, proveedor de tecnología de pagos y prevención de fraude, integrando datos de la Policía Nacional, reporta que las denuncias por fraude en transferencias electrónicas aumentaron entre enero y agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025: Bogotá 141%, Barranquilla 121%, Cali 119% y Medellín 84%. El dato se publicó en coincidencia con la expansión de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Límites del dato, declarados: son variaciones porcentuales de denuncias, no de fraude consumado ni de monto; las fuentes consultadas no publican cifras absolutas, de modo que no es posible saber sobre qué base se calcula el crecimiento — un aumento del 141% sobre una base baja y un aumento del 84% sobre una base alta no son comparables entre ciudades. El recuento tampoco precisa la figura penal contada, lo que importa porque la denuncia por «transferencia no consentida» (art. 269J de la Ley 1273) y la denuncia por estafa (art. 246) describen situaciones distintas: la primera es fraude no autorizado, la segunda incluye el fraude en que el propio cliente ordenó el pago. Y el crecimiento de la denuncia puede reflejar mayor propensión a denunciar, no solo más eventos — un efecto previsible cuando una ley nueva anuncia que la carga de la prueba recae en la entidad. La atribución causal a Bre-B es de la publicación, no del dato: el análisis muestra coincidencia temporal, no causalidad medida. Por todo ello la señal se registra como industria y no como dato oficial, pese a que su insumo sea policial. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: aun con esas reservas, la dirección y el orden de magnitud son consistentes con lo que viene registrando este radar sobre el canal de pagos inmediatos, y el momento es el relevante: la curva sube en el semestre previo a que el artículo 4 de la Ley 2573 sea exigible. En un esquema de liquidación inmediata e irrevocable, cada denuncia adicional es un expediente probatorio que la entidad deberá poder reconstruir en quince días hábiles, con el silencio administrativo positivo del propio texto legal operando en contra si no responde. El indicador operativo que se desprende no es el porcentaje sino la capacidad: cuántos expedientes de reclamación por transferencia puede documentar la entidad al mes con traza completa de autenticación, alerta enviada y decisión motivada.
Ver ficha 15 · Fraude autorizado por el cliente (APP) ↓
Jurisprudencia comparada · Chile3 nov 2026
Un tribunal chileno rechaza la demanda de un banco contra su cliente porque no acreditó que la transferencia pasara por autenticación reforzada con factor de inherencia
La Corte de Apelaciones de Coyhaique, en fallo unánime de la causa rol 54-2026 difundido por el Poder Judicial de Chile el 2 de noviembre de 2026, confirmó la sentencia del Juzgado de Policía Local de Puerto Cisnes que rechazó la demanda del Banco de Crédito e Inversiones contra un cliente que había denunciado transferencias no reconocidas por $2.614.600. La particularidad del caso es la inversión de papeles: no es el cliente quien demanda al banco, es el banco el que demanda al cliente tras haberle restituido los fondos. Fundamento, y por qué es el dato del periodo: el fallo aplica el artículo 5 ter de la Ley N° 20.009 en dos de sus literales. Por el literal h) la Corte no dio por acreditado que las transferencias se hubieran realizado con autenticación reforzada que incluyera al menos un factor de inherencia — esto es, biometría —: la única prueba directa aportada era el informe de fraude elaborado por el propio banco, que no coincidía con la declaración del cliente ante Carabineros, en la que describía autorizaciones recibidas por teléfono sin mencionar la entrega de claves de BCIpass. Por el literal d) no hubo reconocimiento expreso de entrega voluntaria de claves a terceros. Sobre el reparto de la carga, la Corte sostuvo que en el fraude por transferencia electrónica a un tercero las reglas probatorias difieren de las generales, que el banco, por su carácter profesional, «se constituye en un verdadero garante de la seguridad de los usuarios o clientes bancarios», y que «solo puede liberarse de su obligación de restituir los fondos» acreditando de modo fehaciente dolo o culpa grave del usuario. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: no es derecho aplicable en Colombia y se registra por su valor comparado, pero esta sentencia es más cercana al problema colombiano inmediato que las dos ya consignadas en el marco regulatorio de este sitio. Las anteriores discutían quién prueba la culpa grave; esta discute qué prueba la diligencia, y responde con un requisito técnico concreto: que la operación haya pasado por autenticación reforzada con factor de inherencia, acreditada con algo más que el informe interno de la propia entidad. Es exactamente el contenido que la reglamentación pendiente de la Ley 2573 debería definir en Colombia y que, a diez días de la entrada en vigor, no está definido. Dos consecuencias prácticas sobre el expediente de defensa: el informe de fraude de elaboración propia tiene valor probatorio limitado cuando contradice la declaración del cliente ante la autoridad, y la traza del factor biométrico debe existir y ser auditable por un tercero, no solo invocable — el mismo límite que la ficha 24 de este catálogo describe desde el otro extremo, donde la traza biométrica existía pero había sido firmada por un empleado corrupto.
Ver ficha 07 · Toma de cuenta (ATO) ↓
Advertencia de atribución · Colombia6 nov 2026
La cifra que la prensa atribuyó esta semana al vishing no es una cifra de vishing: el informe que la publica mide intentos de fraude por cualquier canal
Entre el 6 y el 8 de noviembre circuló en medios de Colombia y de la región la afirmación de que «el 71% de los colombianos tuvo intentos de fraude por vishing» o que «el vishing genera el 71% de los intentos de phishing en Colombia», atribuida a DataCrédito Experian y fechada en 2025. La consulta del informe primario no respalda ninguna de las tres cosas. Lo que dice la fuente: el informe Del fraude digital a la confianza digital: fraude, identidad e inteligencia artificial en Colombia, de DataCrédito Experian, está fechado en agosto de 2026 y sus preguntas se refieren a los últimos doce meses, no al año calendario 2025. El 71% corresponde a quienes recibieron al menos un intento de fraude por cualquier canal, y el 39% lo recibió en varias ocasiones. Las cifras del informe que sí son de canal telefónico son otras: el 42% reportó haber recibido llamadas con voces falsas o imitadas en los últimos doce meses, y el 20% de quienes sufrieron fraude dijo que lo llamaron haciéndose pasar por una entidad conocida. El informe no publica un porcentaje de intentos de fraude por llamada telefónica. El 95% que también circuló es una suma de dos categorías de percepción — 67% «muy frecuente» más 28% «algo frecuente» —, y el 70% conoce a alguien que fue víctima. Ficha metodológica: estudio cuantitativo, encuesta en línea, muestra de 1.000 personas mayores de 18 años residentes en Colombia, cobertura nacional. Riesgo específico de confusión, para el lector de este sitio: existe un segundo 71% en circulación, recogido en la ficha 01 de este catálogo, que sí es de vishing pero de Chile y mide la participación del vishing en el phishing detectado. Son dos cifras distintas, de dos países y dos universos, que esta semana se encontraron en los mismos titulares. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: el dato defendible para sustentar una decisión de control sobre el canal de voz es el 42% de llamadas con voces falsas o imitadas, con muestra y periodo declarados, no el 71%. Importa porque estas cifras se citan en comités, en justificaciones de inversión y, desde el 19 de noviembre, en expedientes donde la entidad deberá sustentar que sus medidas eran suficientes y razonables: una cifra atribuida a un canal que su propia fuente no mide es una debilidad en ese expediente, no un respaldo. El 42% además apunta a un hecho más incómodo que el titular — que la voz sintética ya es mayoritaria en la percepción del cliente, lo que degrada el reconocimiento de guion y acento como señal de alerta enseñable.
Ver ficha 01 · Vishing — falso asesor bancario ↓
Mercado antifraude · Global y Colombia4 nov 2026
Fusión Fourthline–Veridas en verificación de identidad y una tanda de informes de proveedor sobre IA agéntica, con la ficha metodológica como principal ausencia
Tres movimientos del mercado antifraude en la ventana, agrupados porque comparten un mismo problema de lectura. Consolidación: Fourthline y Veridas anunciaron su fusión para crear un operador europeo de verificación digital de identidad, con financiación de hasta 65 millones de euros de Finch Capital; Veridas es además uno de los proveedores que publica guías de cumplimiento de la Ley 2573 citadas en este sitio, de modo que la operación afecta al mercado que proveerá los controles que la ley colombiana exigirá. Informes de proveedor: BioCatch difundió, en contenido patrocinado, que el 80% de los encuestados de su informe El futuro de la confianza digital afirma que su institución ya enfrentó ataques con IA agéntica, cifra que en América Latina llega al 89%, siendo la región con el porcentaje más alto; los temores citados son sofisticación y adaptabilidad (43%), velocidad y eficiencia (43%) y escala y automatización (34%). Incode, por su parte, alertó sobre el uso de IA para crear identidades falsas en Colombia. Límites del dato, declarados: la pieza de BioCatch no publica año del estudio, países, número de entidades ni cargos de los encuestados — el cuerpo del texto dice «encuestados» mientras la descripción habla de «líderes bancarios» —, y está identificada como patrocinada por el propio proveedor. Las proyecciones de tamaño de mercado que acompañan la nota se atribuyen a una fuente externa, no a la encuesta. Por eso la cifra se registra aquí como señal de mercado y no se incorpora al panel de cifras de este sitio, que exige fuente y año verificables. La alerta de Incode es comunicación de proveedor sin dato agregado propio. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: la coincidencia temporal es lo que vale leer. En las dos semanas previas a que la Ley 2573 entre en vigor sin estándar técnico publicado, el mercado que vende ese estándar se consolida y acelera su producción de cifras de amenaza. Nada de eso es ilegítimo, pero cambia el trabajo de quien evalúa: con la reglamentación pendiente, la justificación de una inversión en biometría, prueba de vida o biometría de comportamiento no puede apoyarse en la cifra de quien la vende, y conviene que el expediente de diligencia cite fuentes con muestra y periodo declarados — la jurisprudencia chilena de este mismo radar muestra qué pasa cuando el único soporte de un hecho es el informe de una parte interesada. La consolidación añade además una consideración de concentración de proveedor en un control que pasará a ser obligatorio.