Sitio de consulta académica. Documenta y cita lo publicado; no formula recomendaciones.

Qué es esto

Consulta académica · Fraude financiero en Colombia y América Latina

Observatorio Antifraude

Base de conocimiento sobre fraude financiero en Colombia y América Latina: qué está pasando, qué dicen las cifras, qué está cambiando en la regulación y cómo opera cada modalidad. Todo citado a su fuente.

Periodo cubierto · 2 de noviembre – 9 de noviembre de 2026

Naturaleza y finalidad de este sitio

Qué es

  • Un sitio de consulta con fines exclusivamente académicos y de investigación, sin uso comercial.
  • Una compilación de lo publicado sobre fraude financiero en Colombia y América Latina, con cada afirmación citada a su fuente.
  • Material para docencia, investigación, formación y consulta de referencia.

Qué no es

  • No es una guía operativa, un manual ni un servicio. No se dirige a ninguna entidad en particular ni presta asesoría de ninguna clase.
  • No contiene recomendaciones. Los controles y pasos que recoge se presentan como objeto de estudio, no como criterio a adoptar, y no han sido validados para ningún contexto operativo.
  • No representa la posición de ninguna organización — entidad financiera, gremio, regulador o institución académica — ni la de quien lo compila.
  • Las tipificaciones penales se citan como referencia de estudio y no constituyen concepto jurídico.
  • La mención de proveedores no implica evaluación, comparación ni recomendación de producto alguno.

Cualquier uso operativo exige validación previa contra la normativa vigente y las políticas de la organización que lo consulte.

Seguimiento prioritario

Ley 2573 de 2026: ahora la entidad debe probar que verificó la identidad

Promulgada el 19 de mayo de 2026. Invierte la carga de la prueba en casos de suplantación: la entidad debe demostrar que verificó adecuadamente la identidad, no el cliente que fue suplantado. Aplica a entidades financieras y crediticias, operadores de telecomunicaciones y establecimientos con originación de crédito o ventas a plazos.

Plazo de 15 días hábiles para resolver reclamos de fraude con evidencia técnica. Vencido sin respuesta activa opera silencio administrativo positivo: la entidad asume el 100% de la pérdida. Sanciones por vía de Ley 1266 de 2008 hasta 2.000 SMLMV (~COP 2.600 millones) y suspensión de canales digitales por vulnerabilidades comprobadas.

La reglamentación arrancó, pero no ha producido texto. El 8 de septiembre de 2026 la SIC abrió consulta pública para construir los lineamientos de validación de identidad y tratamiento de datos personales que desarrollan la Ley 2573, y amplió el plazo de aportes hasta el 9 de octubre. El calendario — mesas de trabajo hasta el 16 de octubre, publicación de la propuesta para comentarios el 2 de noviembre y expedición el 20 de noviembre de 2026 — figura en la tabla «Etapas de la convocatoria» publicada por la propia SIC, verificada en fuente el 9 de noviembre de 2026; se trata, eso sí, de etapas de un proceso de consulta y no de plazos fijados por el texto de la ley. A 9 de noviembre de 2026, fecha de corte de este radar, no se localiza la propuesta de la etapa del 2 de noviembre ni en la sección de proyectos normativos de la sede electrónica de la SIC ni en su sala de prensa, y no hay acto administrativo publicado. La ley entra en vigor el 19 de noviembre, un día antes de la fecha prevista para la expedición del estándar técnico.

Alcance de la reglamentación. Según el texto de la ley y el cronograma publicado por la SIC, lo que se defina en esa consulta constituirá el estándar técnico frente al cual se valorará la diligencia de los sujetos obligados en materia de verificación de identidad. La consulta pública es el mecanismo formal de participación previsto antes de la expedición.

Cronograma de expedición del estándar técnico
  1. 9 oct 2026Cierre de aportes a la consulta de la SIC — cumplido
  2. 16 oct 2026Fin de las mesas de trabajo — cumplido
  3. 2 nov 2026Publicación de la propuesta para comentarios — vencida sin publicarse, verificado el 9 de noviembre de 2026
  4. 19 nov 2026Entrada en vigor de la Ley 2573
  5. 20 nov 2026Expedición del estándar técnico — fecha de la convocatoria publicada por la SIC; aún sin propuesta sometida a comentarios

Secciones

Radar del periodo · 2 – 9 nov 2026

Señales extraídas de las alertas de monitoreo activas — fraude bancario, banking fraud, vishing, smishing, autenticación digital, identity theft — y de consulta directa a fuente oficial. Cada tarjeta enlaza a sus fuentes.

Trazabilidad de la fuente — nivel de verificación de cada señal PrimariaComunicado del emisor o alerta de la autoridad que origina el hecho. OficialPublicación de un organismo público o regulador. IndustriaInforme de un proveedor u organismo sectorial, con metodología propia. PrensaVarios medios sin fuente primaria localizada al momento de la revisión.
Filtrar
Vigilancia · Ley 25739 nov 2026

La etapa que la propia SIC fijó para el 2 de noviembre pasó sin publicarse el proyecto: a diez días de la entrada en vigor, el estándar técnico no existe ni como borrador

La Ley 2573 de 2026 entra en vigor el 19 de noviembre de 2026, seis meses después de su promulgación, y es el artículo 4 el que a partir de esa fecha obliga a la entidad a demostrar que adoptó medidas de seguridad digital suficientes y razonables. El estándar técnico contra el cual se mide esa suficiencia debía nacer del proceso de reglamentación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estado verificado a la fecha de cierre: la tabla «Etapas de la convocatoria» publicada por la propia SIC fija cinco etapas — convocatoria del 8 de septiembre al 9 de octubre, selección del 28 de septiembre al 10 de octubre, mesas de trabajo hasta el 16 de octubre, publicación de la propuesta para comentarios el 2 de noviembre de 2026 y expedición el 20 de noviembre de 2026. La etapa 4 venció el 2 de noviembre, el primer día de la ventana que cubre este radar. A la fecha de cierre no se localiza la propuesta: no aparece en la sección de proyectos normativos de la sede electrónica de la SIC, cuyo único registro visible sigue siendo un proyecto de 2024 ajeno a la materia, ni figura en la sala de prensa, donde las publicaciones de noviembre tratan de reclamos en SIC Facilita, marcas y libre competencia. Corrección del registro de este sitio: la entrega anterior consignó que ese cronograma provenía «de análisis de consultoría del sector, no de un acto administrativo ni de un comunicado de la SIC». La verificación de este periodo lo desmiente en parte: el cronograma está en la convocatoria publicada por la SIC. La consecuencia es relevante — no se trata de un calendario atribuido por terceros, sino de una etapa que la autoridad anunció y que transcurrió sin cumplirse. Conviene conservar la distinción jurídica: una etapa de convocatoria no es un plazo legal exigible y su incumplimiento no genera por sí mismo consecuencia sancionatoria; lo que sí tiene fecha legal es la entrada en vigor del 19 de noviembre. Pertinencia para una entidad vigilada en Colombia: quedan diez días para que la inversión de la carga de la prueba sea exigible y once para la fecha de expedición anunciada, sin propuesta publicada y, por tanto, sin periodo de comentarios. Si la expedición ocurre el 20 de noviembre sin esa etapa intermedia, el sector recibirá el estándar ya expedido y un día después de que la obligación probatoria empezara a correr; si no ocurre, la ventana sin estándar deja de ser transitoria. En ambos escenarios el criterio aplicable durante el lapso es el de suficiencia y razonabilidad del propio texto legal, apreciado caso a caso, y el único soporte disponible es el expediente que la entidad pueda exhibir: trazas de verificación de identidad y de segundo factor, motivación documentada de la aprobación o el rechazo, y constancia del envío de alertas. Las referencias comparadas del marco regulatorio de este sitio — el TJUE y la línea chilena bajo la Ley 20.009 — muestran qué es lo que un tribunal acaba mirando cuando no hay estándar escrito: no la existencia de la traza, sino qué acredita.

Mutación · Estados Unidos5 nov 2026

El falso CEO ya no cierra la operación: entrega la víctima a un supuesto abogado externo, también sintético, que es quien ordena la transferencia

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció cargos contra tres personas por un esquema que, entre 2024 y 2026, obtuvo más de USD 129 millones de empresas en varios países. El comunicado describe una cadena en dos etapas de suplantación, y es ahí donde está la novedad. Primero se contacta a un empleado y se usa tecnología generativa para imitar la voz y/o la imagen del director ejecutivo — el texto oficial dice «used SI to impersonate the voices and/or images of corporate executives» y «would use SI to mimic the CEO's voice and/or image in calls with the employee» —, pidiéndole ayuda con una transacción «confidencial». Después el empleado es derivado a supuestos abogados de firmas internacionales, igualmente suplantados, que aportan la capa de credibilidad; uno de los acusados operaba con un guion titulado «Lawyer Call» especializado en suplantar abogados británicos. Es el falso abogado, no el falso CEO, quien finalmente instruye la transferencia. Los fondos se convertían en criptoactivos y pasaban por cuentas en Estados Unidos, España, Portugal, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Austria, Eslovaquia y China. Precisión de cifra: el comunicado titula «más de USD 129 millones» pero en su introducción dice «más de USD 100 millones», y detalla seis víctimas que suman unos USD 31,9 millones — entre ellas un banco de Rhode Island, dos sistemas hospitalarios, una gestora de fondos y una fintech británica, esta última por USD 11.578.474 —, presentadas expresamente como ejemplos. No publica el total de víctimas. Tampoco especifica la tecnología: dice «voz y/o imagen», sin distinguir clonación de voz de vídeo sintético. Los tres fueron detenidos en España y el Reino Unido entre junio y septiembre de 2026, con extradición pendiente, y uno de ellos ya había sido condenado en 2008 por conspiración para cometer fraude bancario; rige la presunción de inocencia. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: el relevo al falso abogado está diseñado contra el control que la mayoría de las entidades ya tiene. La defensa estándar frente al fraude al CEO es la verificación por un canal independiente con el directivo suplantado; aquí el empleado no necesita volver a hablar con el «CEO», porque la instrucción de pago llega de un tercero externo cuya legitimidad el empleado no está entrenado ni facultado para cuestionar, y la confidencialidad pedida en la primera etapa es precisamente lo que impide la consulta interna. Para una entidad esto opera en dos frentes simultáneos: como víctima, en tesorería y en la mesa de ayuda, donde la regla de verificación debe alcanzar a los asesores externos y no solo a los directivos; y como canal, en la banca empresarial, donde el pago llega con autorización formalmente válida del cliente corporativo y por tanto queda fuera del alcance de las reglas de toma de cuenta — el patrón detectable es el beneficiario nuevo en jurisdicción distinta a la operación habitual, con conversión a criptoactivos aguas abajo, precedido de una ruptura del circuito de aprobación dual.

Mutación · Estados Unidos3 nov 2026

La autenticación no se rompió: se eludió con empleados corrompidos a la vez en el banco y en el operador móvil, con casi 3.000 víctimas identificadas en una hoja de cálculo

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas acusó a 14 personas en una imputación de 22 cargos por conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, fraude bancario, fraude electrónico y robo agravado de identidad. La acusación fue devuelta el 26 de agosto y se hizo pública el 3 de noviembre de 2026, tras detenciones en Florida; el señalado líder había sido capturado días antes en el aeropuerto JFK cuando intentaba salir del país. La conducta imputada va de julio de 2023 a noviembre de 2024 y combina obtención de datos personales, producción y tráfico de identificaciones falsas, suplantación de las víctimas, manipulación de líneas telefónicas mediante spoofing y SIM swapping e interceptación de códigos de seguridad. El elemento central es el acceso interno: el comunicado habla de «allegedly corrupt insiders at major banking and telecommunication institutions» y afirma que los conspiradores «used corrupt insiders within banks and telecommunications companies to bypass authentication measures». Precisión de cifra: los USD 373 millones son el saldo agregado de las cuentas comprometidas que figuraban en una hoja de cálculo en poder del principal acusado, con casi 3.000 personas listadas; no es el monto sustraído, que el comunicado no informa. El único intento cuantificado es una transferencia de USD 2 millones hacia un banco en Emiratos Árabes Unidos, descrita como intento. La prensa que tituló «fraude de USD 370 millones» convirtió un saldo expuesto en una pérdida: son magnitudes distintas. El comunicado menciona SIM swapping, no portabilidad de línea, y no identifica las entidades ni el rol de los empleados implicados. Rige la presunción de inocencia. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: la combinación es la que importa. El insider bancario ya está descrito en la ficha 24 de este catálogo con un caso nacional; lo que este expediente añade es el insider simultáneo en el operador móvil, que convierte el segundo factor por SMS en un control que el atacante administra desde dentro de la cadena. Para una entidad vigilada esto tiene dos lecturas concretas. La primera es de dependencia: si el OTP viaja por un canal cuya integridad depende de un tercero, la diligencia que el artículo 4 de la Ley 2573 obligará a demostrar desde el 19 de noviembre no termina en el perímetro propio, y la trazabilidad del envío debe poder acreditarse frente a ese proveedor. La segunda es de detección: el patrón no aparece en el comportamiento del cliente sino en el del operador interno y en la secuencia — cambio de datos de contacto, reasignación de línea y uso del OTP en ventana corta —, que es analítica de usuario interno y de ciclo de vida de la línea, no scoring transaccional. La Resolución CRC 8308 de 2026, ya en su primer bloque de vigencia, interviene el canal pero no el riesgo de colusión en el propio operador.

Cifra · Colombia4 nov 2026

Las denuncias por fraude en transferencias electrónicas crecen 141% en Bogotá en los ocho primeros meses de 2026, mientras Bre-B amplía su cobertura

Un análisis de BPC, proveedor de tecnología de pagos y prevención de fraude, integrando datos de la Policía Nacional, reporta que las denuncias por fraude en transferencias electrónicas aumentaron entre enero y agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025: Bogotá 141%, Barranquilla 121%, Cali 119% y Medellín 84%. El dato se publicó en coincidencia con la expansión de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Límites del dato, declarados: son variaciones porcentuales de denuncias, no de fraude consumado ni de monto; las fuentes consultadas no publican cifras absolutas, de modo que no es posible saber sobre qué base se calcula el crecimiento — un aumento del 141% sobre una base baja y un aumento del 84% sobre una base alta no son comparables entre ciudades. El recuento tampoco precisa la figura penal contada, lo que importa porque la denuncia por «transferencia no consentida» (art. 269J de la Ley 1273) y la denuncia por estafa (art. 246) describen situaciones distintas: la primera es fraude no autorizado, la segunda incluye el fraude en que el propio cliente ordenó el pago. Y el crecimiento de la denuncia puede reflejar mayor propensión a denunciar, no solo más eventos — un efecto previsible cuando una ley nueva anuncia que la carga de la prueba recae en la entidad. La atribución causal a Bre-B es de la publicación, no del dato: el análisis muestra coincidencia temporal, no causalidad medida. Por todo ello la señal se registra como industria y no como dato oficial, pese a que su insumo sea policial. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: aun con esas reservas, la dirección y el orden de magnitud son consistentes con lo que viene registrando este radar sobre el canal de pagos inmediatos, y el momento es el relevante: la curva sube en el semestre previo a que el artículo 4 de la Ley 2573 sea exigible. En un esquema de liquidación inmediata e irrevocable, cada denuncia adicional es un expediente probatorio que la entidad deberá poder reconstruir en quince días hábiles, con el silencio administrativo positivo del propio texto legal operando en contra si no responde. El indicador operativo que se desprende no es el porcentaje sino la capacidad: cuántos expedientes de reclamación por transferencia puede documentar la entidad al mes con traza completa de autenticación, alerta enviada y decisión motivada.

Jurisprudencia comparada · Chile3 nov 2026

Un tribunal chileno rechaza la demanda de un banco contra su cliente porque no acreditó que la transferencia pasara por autenticación reforzada con factor de inherencia

La Corte de Apelaciones de Coyhaique, en fallo unánime de la causa rol 54-2026 difundido por el Poder Judicial de Chile el 2 de noviembre de 2026, confirmó la sentencia del Juzgado de Policía Local de Puerto Cisnes que rechazó la demanda del Banco de Crédito e Inversiones contra un cliente que había denunciado transferencias no reconocidas por $2.614.600. La particularidad del caso es la inversión de papeles: no es el cliente quien demanda al banco, es el banco el que demanda al cliente tras haberle restituido los fondos. Fundamento, y por qué es el dato del periodo: el fallo aplica el artículo 5 ter de la Ley N° 20.009 en dos de sus literales. Por el literal h) la Corte no dio por acreditado que las transferencias se hubieran realizado con autenticación reforzada que incluyera al menos un factor de inherencia — esto es, biometría —: la única prueba directa aportada era el informe de fraude elaborado por el propio banco, que no coincidía con la declaración del cliente ante Carabineros, en la que describía autorizaciones recibidas por teléfono sin mencionar la entrega de claves de BCIpass. Por el literal d) no hubo reconocimiento expreso de entrega voluntaria de claves a terceros. Sobre el reparto de la carga, la Corte sostuvo que en el fraude por transferencia electrónica a un tercero las reglas probatorias difieren de las generales, que el banco, por su carácter profesional, «se constituye en un verdadero garante de la seguridad de los usuarios o clientes bancarios», y que «solo puede liberarse de su obligación de restituir los fondos» acreditando de modo fehaciente dolo o culpa grave del usuario. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: no es derecho aplicable en Colombia y se registra por su valor comparado, pero esta sentencia es más cercana al problema colombiano inmediato que las dos ya consignadas en el marco regulatorio de este sitio. Las anteriores discutían quién prueba la culpa grave; esta discute qué prueba la diligencia, y responde con un requisito técnico concreto: que la operación haya pasado por autenticación reforzada con factor de inherencia, acreditada con algo más que el informe interno de la propia entidad. Es exactamente el contenido que la reglamentación pendiente de la Ley 2573 debería definir en Colombia y que, a diez días de la entrada en vigor, no está definido. Dos consecuencias prácticas sobre el expediente de defensa: el informe de fraude de elaboración propia tiene valor probatorio limitado cuando contradice la declaración del cliente ante la autoridad, y la traza del factor biométrico debe existir y ser auditable por un tercero, no solo invocable — el mismo límite que la ficha 24 de este catálogo describe desde el otro extremo, donde la traza biométrica existía pero había sido firmada por un empleado corrupto.

Advertencia de atribución · Colombia6 nov 2026

La cifra que la prensa atribuyó esta semana al vishing no es una cifra de vishing: el informe que la publica mide intentos de fraude por cualquier canal

Entre el 6 y el 8 de noviembre circuló en medios de Colombia y de la región la afirmación de que «el 71% de los colombianos tuvo intentos de fraude por vishing» o que «el vishing genera el 71% de los intentos de phishing en Colombia», atribuida a DataCrédito Experian y fechada en 2025. La consulta del informe primario no respalda ninguna de las tres cosas. Lo que dice la fuente: el informe Del fraude digital a la confianza digital: fraude, identidad e inteligencia artificial en Colombia, de DataCrédito Experian, está fechado en agosto de 2026 y sus preguntas se refieren a los últimos doce meses, no al año calendario 2025. El 71% corresponde a quienes recibieron al menos un intento de fraude por cualquier canal, y el 39% lo recibió en varias ocasiones. Las cifras del informe que sí son de canal telefónico son otras: el 42% reportó haber recibido llamadas con voces falsas o imitadas en los últimos doce meses, y el 20% de quienes sufrieron fraude dijo que lo llamaron haciéndose pasar por una entidad conocida. El informe no publica un porcentaje de intentos de fraude por llamada telefónica. El 95% que también circuló es una suma de dos categorías de percepción — 67% «muy frecuente» más 28% «algo frecuente» —, y el 70% conoce a alguien que fue víctima. Ficha metodológica: estudio cuantitativo, encuesta en línea, muestra de 1.000 personas mayores de 18 años residentes en Colombia, cobertura nacional. Riesgo específico de confusión, para el lector de este sitio: existe un segundo 71% en circulación, recogido en la ficha 01 de este catálogo, que sí es de vishing pero de Chile y mide la participación del vishing en el phishing detectado. Son dos cifras distintas, de dos países y dos universos, que esta semana se encontraron en los mismos titulares. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: el dato defendible para sustentar una decisión de control sobre el canal de voz es el 42% de llamadas con voces falsas o imitadas, con muestra y periodo declarados, no el 71%. Importa porque estas cifras se citan en comités, en justificaciones de inversión y, desde el 19 de noviembre, en expedientes donde la entidad deberá sustentar que sus medidas eran suficientes y razonables: una cifra atribuida a un canal que su propia fuente no mide es una debilidad en ese expediente, no un respaldo. El 42% además apunta a un hecho más incómodo que el titular — que la voz sintética ya es mayoritaria en la percepción del cliente, lo que degrada el reconocimiento de guion y acento como señal de alerta enseñable.

Mercado antifraude · Global y Colombia4 nov 2026

Fusión Fourthline–Veridas en verificación de identidad y una tanda de informes de proveedor sobre IA agéntica, con la ficha metodológica como principal ausencia

Tres movimientos del mercado antifraude en la ventana, agrupados porque comparten un mismo problema de lectura. Consolidación: Fourthline y Veridas anunciaron su fusión para crear un operador europeo de verificación digital de identidad, con financiación de hasta 65 millones de euros de Finch Capital; Veridas es además uno de los proveedores que publica guías de cumplimiento de la Ley 2573 citadas en este sitio, de modo que la operación afecta al mercado que proveerá los controles que la ley colombiana exigirá. Informes de proveedor: BioCatch difundió, en contenido patrocinado, que el 80% de los encuestados de su informe El futuro de la confianza digital afirma que su institución ya enfrentó ataques con IA agéntica, cifra que en América Latina llega al 89%, siendo la región con el porcentaje más alto; los temores citados son sofisticación y adaptabilidad (43%), velocidad y eficiencia (43%) y escala y automatización (34%). Incode, por su parte, alertó sobre el uso de IA para crear identidades falsas en Colombia. Límites del dato, declarados: la pieza de BioCatch no publica año del estudio, países, número de entidades ni cargos de los encuestados — el cuerpo del texto dice «encuestados» mientras la descripción habla de «líderes bancarios» —, y está identificada como patrocinada por el propio proveedor. Las proyecciones de tamaño de mercado que acompañan la nota se atribuyen a una fuente externa, no a la encuesta. Por eso la cifra se registra aquí como señal de mercado y no se incorpora al panel de cifras de este sitio, que exige fuente y año verificables. La alerta de Incode es comunicación de proveedor sin dato agregado propio. Pertinencia para una entidad financiera colombiana: la coincidencia temporal es lo que vale leer. En las dos semanas previas a que la Ley 2573 entre en vigor sin estándar técnico publicado, el mercado que vende ese estándar se consolida y acelera su producción de cifras de amenaza. Nada de eso es ilegítimo, pero cambia el trabajo de quien evalúa: con la reglamentación pendiente, la justificación de una inversión en biometría, prueba de vida o biometría de comportamiento no puede apoyarse en la cifra de quien la vende, y conviene que el expediente de diligencia cite fuentes con muestra y periodo declarados — la jurisprudencia chilena de este mismo radar muestra qué pasa cuando el único soporte de un hecho es el informe de una parte interesada. La consolidación añade además una consideración de concentración de proveedor en un control que pasará a ser obligatorio.

Panel de cifras

14 indicadores con fuente y año. Los tres primeros son los más recientes y los que más cambian una decisión de control.

85,1%
Del fraude por robo de datos, credenciales de app móvil e información de tarjetas se concentra en canales digitales
Asobancaria, sep-2026
71%
De los colombianos recibió al menos un intento de fraude en el último año; en el 46% de esos casos se concretó
DataCrédito Experian, ago-2026 · n=1.000, encuesta en línea
25%
De quienes perdieron dinero por fraude lo atribuyen al vishing
TransUnion, Tendencias de Fraude 1S 2026
+155%
Crecimiento de las estafas de ingeniería social
BioCatch, Tendencias 2026
218.000+
Reclamaciones por fraude en canales financieros, 1S 2025
Asobancaria
$5,8 M
Mediana de pérdida declarada por vishing (COP)
TransUnion, may-2026
13.983
Casos de suplantación de identidad registrados, 2022 – may 2026
SIC Colombia
48,3%
De los casos de fraude de identidad en LatAm involucran IA
Unico + Liminal, jul-2026
+180%
Fraudes que combinan ingeniería social con identidades generadas por IA en LatAm
Sumsub, 2025-2026
USD 20,9 B
Pérdidas por cibercrimen reportadas en EE. UU., 2025
FBI IC3, 2026
2,3%
Transacciones digitales sospechosas en Colombia 2025 (mundo: 3,8%)
TransUnion, may-2026
$11.213 M
Reclamado por fraude en la banca de México, 1S 2026 (MXN); 2,52 millones de reclamaciones, +1,4%
CONDUSEF, oct-2026
42%
Recibió llamadas con voces falsas o imitadas en los últimos doce meses (Colombia); el 20% de quienes sufrieron fraude recibió una llamada que suplantaba una entidad conocida
DataCrédito Experian, ago-2026 · n=1.000
+141%
Denuncias por fraude en transferencias electrónicas en Bogotá, ene–ago 2026 vs. 2025 (Barranquilla 121%, Cali 119%, Medellín 84%); variación de denuncias, no de pérdida, sin base absoluta publicada
BPC sobre datos de la Policía Nacional, nov-2026

Marco regulatorio de referencia

Normativa colombiana citada como referencia de estudio. No constituye concepto jurídico.

Ley 2573 de 2026 (19 de mayo de 2026) — eje del nuevo régimen de suplantación de identidad en Colombia. Invierte la carga de la prueba: la entidad debe demostrar que adoptó medidas de seguridad digital suficientes y razonables para verificar identidad y documentos (art. 4). Obliga a entidades financieras y crediticias, operadores de telecomunicaciones y establecimientos con originación de crédito o ventas a plazos. Plazo de 15 días hábiles para resolver reclamos con evidencia técnica; su vencimiento sin respuesta activa genera silencio administrativo positivo y la entidad asume el 100% de la pérdida. Sanciones por vía de la Ley 1266 de 2008 hasta 2.000 SMLMV y suspensión de canales digitales. 20 de noviembre de 2026: fecha de expedición de la reglamentación anunciada por la SIC en el cronograma de su propia convocatoria. Precisión: es una etapa del proceso de consulta, no un plazo fijado por el texto de la ley; su incumplimiento no genera por sí mismo consecuencia sancionatoria. La etapa previa — publicación de la propuesta para comentarios, prevista para el 2 de noviembre de 2026 — transcurrió sin que la propuesta se localice publicada (ver radar del periodo). Entrada en vigor: seis meses después de la promulgación, esto es el 19 de noviembre de 2026, un día antes del vencimiento del plazo de reglamentación; los parágrafos 1 y 2 del artículo 5 rigen desde la promulgación. Otros plazos del texto: 10 días hábiles para atender las solicitudes de la víctima y suspender el servicio una vez informada la entidad (art. 5), y 20 días hábiles para que la víctima radique denuncia ante la Fiscalía, con suspensión del cobro — intereses y gastos de cobranza incluidos — desde que la entidad es informada (art. 8).

Ley 2502 de 2025 — antecedente normativo en materia de suplantación de identidad, sobre el que se construye la Ley 2573.

Circular Externa 007 de 2018 (SFC) — exige unidad de gestión de riesgos de seguridad de la información, notificación al consumidor financiero ante incidentes que afecten confidencialidad o integridad de sus datos, y divulgación de medidas remediales. Circular Externa 008 de 2018 (SFC) — mecanismos de protección de información en servicios de pasarela de pago. Complementan las normas de riesgo operativo (SARO) y seguridad de la información de entidades vigiladas.

Ley 1273 de 2009 — delitos informáticos: acceso abusivo (269A), uso de software malicioso (269E), violación de datos personales (269F), suplantación de sitios web (269G), hurto por medios informáticos (269I), transferencia no consentida de activos (269J). Código Penal — estafa (246), estafa agravada / delito masa (246-267), extorsión (244), captación masiva y habitual (316).

Junio 2026 — la SFC lanzó la herramienta pública "Protégete de los fraudes", con clasificación oficial de modalidades (phishing, smishing, vishing, suplantación de identidad, fraude amigable, cambiazo). Útil como lenguaje común con el regulador y en comunicación al cliente. La SFC ha señalado que la entidad puede ser responsable cuando incumple sus deberes de monitoreo.

Septiembre–noviembre de 2026 — consulta pública de la SIC (reglamentación de la Ley 2573). Abierta el 8 de septiembre por la Delegatura para la Protección de Datos Personales, sobre lineamientos, recomendaciones y protocolos de validación de identidad y tratamiento de datos personales: tecnologías biométricas, mecanismos de autenticación, riesgos de protección de datos, modelos regulatorios internacionales y costos de implementación. Participación por formulario en línea, dirigida entre otros a entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y operadores biométricos. Cronograma publicado por la SIC en la tabla «Etapas de la convocatoria», verificado en fuente el 9 de noviembre de 2026: convocatoria del 8 de septiembre al 9 de octubre, selección del 28 de septiembre al 10 de octubre, mesas de trabajo hasta el 16 de octubre, publicación de la propuesta para comentarios el 2 de noviembre y expedición el 20 de noviembre de 2026. Verificación de la discrepancia que este sitio dejó pendiente: la fecha del 25 de septiembre que citaban algunos análisis corresponde al plazo indicado en el cuestionario de la consulta; la tabla de etapas de la convocatoria, que es el documento con el cronograma completo, fija el cierre el 9 de octubre. Estado a la fecha de cierre de esta edición: la propuesta de la etapa 4 no se localiza publicada ni en la sección de proyectos normativos de la sede electrónica ni en la sala de prensa de la SIC.

Resolución CRC 8308 de 2026 — fraude en redes de servicios móviles. Primer bloque de medidas aplicable desde el 30 de octubre de 2026. Impone a los operadores el bloqueo de llamadas originadas en numeración no asignada, en líneas solo de recepción o en números que oculten la identidad del remitente; la identificación de patrones atípicos con la etiqueta «Alerta de llamada sospechosa», que la CRC advierte que no confirma delito; y la detección de líneas personales usadas para envíos masivos, con aviso previo al titular. A empresas y entidades les impone registrar la numeración de uso comercial — se mostrará como «Llamada con fines publicitarios» — e incluir remitente visible y plantillas previamente validadas en alertas bancarias, códigos de autenticación, confirmaciones de compra y comunicaciones institucionales, verificadas por un sistema centralizado; concluida la transición, los mensajes de origen no comprobable se bloquearán antes de llegar al usuario. Crea el Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles (CRC, con MinTIC, ColCERT y Fiscalía). Fases siguientes: 3 meses para identificación y bloqueo de llamadas; 6 meses (enero de 2027) para monitoreo de mensajería masiva; junio de 2027 para el sistema de validación de mensajes empresariales, contado desde el acto que defina su remuneración. Es la primera norma colombiana que interviene el canal por el que viaja el SMS transaccional de una entidad vigilada.

Estado de la vía prudencial (9 de noviembre de 2026) — a diez días de la entrada en vigor de la Ley 2573 no se identifica en lo corrido de 2026 circular de la SFC específica sobre fraude, ciberseguridad, identidad digital o autenticación. El desarrollo de la Ley 2573 avanza por la vía de protección de datos; para la entidad vigilada el marco operativo sigue siendo el de las Circulares 007 y 008 de 2018. Advertencia de fecha: el comunicado de la SFC «SFC hará nuevas exigencias a las entidades financieras para proteger a los consumidores contra el fraude», de amplia circulación, está fechado el 23 de octubre de 2025 — no es novedad normativa de 2026 y sus cifras corresponden a ese corte.

Referencia comparada (15 de octubre de 2026) — TJUE, asunto C-70/25 (Tukowiecka). Interpretando el artículo 73 de la Directiva (UE) 2015/2366 (DSP2), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que ante una operación de pago no autorizada el proveedor debe reembolsar el importe de forma inmediata, y que la negligencia grave del usuario no habilita a rechazar ese reembolso; la única excepción es la sospecha razonable de fraude del propio cliente, que debe comunicarse por escrito a la autoridad nacional competente. El reparto de la pérdida se discute después y la carga de probar el dolo o la negligencia grave recae en el banco. No es derecho aplicable en Colombia: se registra como referencia comparada del debate sobre el estándar probatorio que abre la Ley 2573, con dos límites — cubre operaciones no autorizadas, de modo que el fraude autorizado por el cliente queda fuera, y la excepción exige un acto formal ante la autoridad, no una decisión interna.

Referencia comparada (octubre de 2026) — Chile, Ley N° 20.009. Dos sentencias del mismo periodo aplican una regla nacional de carga de la prueba equivalente en su efecto a la del TJUE. La Corte Suprema (recurso de queja, Rol N° 55.219-2025) rechazó la demanda de un banco contra su cliente por $2.098.162 en seis transferencias no autorizadas: la Corte de Apelaciones había construido la culpa grave a partir de que el cliente admitió pulsar un enlace recibido por SMS, desplazando indebidamente la carga, cuando correspondía al banco acreditar dolo o culpa grave; pesó también que no probó que el cliente hubiera entregado la clave dinámica. La Corte de Apelaciones de Rancagua (Rol N° 218-2026) ordenó restituir $3.421.340 porque el banco no aportó el historial de movimientos ni probó el envío de alertas, y sostuvo que el uso de las claves del cliente no basta por sí mismo para configurar culpa grave. No es derecho aplicable en Colombia; se registra por su valor comparado para el estándar probatorio de la Ley 2573, con dos consecuencias prácticas sobre el expediente de defensa: la constancia del envío de la alerta transaccional opera como prueba de diligencia, y la trazabilidad del segundo factor debe poder acreditarse frente a terceros, incluido el proveedor que materializa el envío.

Referencia comparada (2 de noviembre de 2026) — Chile, Corte de Apelaciones de Coyhaique, rol 54-2026. Tercera sentencia de la misma línea, y la más próxima al problema colombiano porque no discute quién prueba la culpa grave sino qué prueba la diligencia. En fallo unánime, confirmando al Juzgado de Policía Local de Puerto Cisnes, la Corte rechazó la demanda del Banco de Crédito e Inversiones contra un cliente que había denunciado transferencias no reconocidas por $2.614.600. Aplicando el artículo 5 ter de la Ley N° 20.009: por el literal h) no dio por acreditado que las transferencias se hubieran realizado con autenticación reforzada que incluyera al menos un factor de inherencia, porque la única prueba directa era el informe de fraude elaborado por el propio banco y no coincidía con la declaración del cliente ante Carabineros; por el literal d) no halló reconocimiento expreso de entrega voluntaria de claves. Sostuvo que el banco, por su carácter profesional, «se constituye en un verdadero garante de la seguridad de los usuarios o clientes bancarios» y «solo puede liberarse de su obligación de restituir los fondos» acreditando de modo fehaciente dolo o culpa grave. No es derecho aplicable en Colombia; se registra porque identifica un requisito técnico — traza de factor de inherencia, acreditable más allá del informe interno de la propia entidad — que es justamente el contenido que la reglamentación pendiente de la Ley 2573 debería definir.

Referencia regional (ago-2026) — Ciudad de México tipificó penalmente el phishing, el smishing y el vishing, elevando el fraude digital a delito con pena privativa de la libertad. Precedente relevante para el debate colombiano sobre tipificación específica frente al uso actual de la Ley 1273 de 2009.

Fuentes y contacto

Fuentes consultadas

Publicaciones de las que proviene cada afirmación del sitio, con el dominio de origen visible.

Ver las 54 publicaciones citadas Ocultar las publicaciones
· Superintendencia Financiera de Colombia — "Protégete de los fraudes" (jun-2026)
· TransUnion Colombia — Reporte de Fraude Digital (may-2026)
· Bloomberg Línea — Panorama del fraude financiero en Colombia (ene-2026), cifras de Asobancaria y DataCrédito
· FBI IC3 — 2025 Internet Crime Report
· Unico + Liminal — Informe de Inteligencia sobre Fraude de Identidad LatAm (jul-2026)
· El Colombiano / Kaspersky — Fraude sobre Bre-B y llaves virtuales
· Estudio Penal — Modalidades de estafa en Colombia 2026 y tipificación
· Ámbito Jurídico — Circulares Externas 007 y 008 de 2018 (SFC)
· Portafolio — Evolución del cambiazo fuera del cajero
· Asobancaria — Informes de Seguridad Bancaria / Delitos Informáticos
· Veridas — Guía de la Ley 2573 de 2026 (obligaciones, plazos y sanciones)
· FacePhi — Ley 2573: obligaciones para bancos y telcos en Colombia
· Prias Cadavid Abogados — Leyes 2502 de 2025 y 2573 de 2026
· ITSitio — Informe BioCatch de Tendencias de Fraude Bancario Digital 2026, WEF y Sumsub
· Visa — Adquisición de BioCatch (USD 2.400 millones, ago-2026)
· Bloomberg vía Yahoo Finanzas — Oleada de vishing con IA en Wall Street
· 24 Horas — CDMX tipifica phishing, smishing y vishing
· Diario del Sur — Ley 2573 y cifras de suplantación de la SIC
· Europa Press / Asufin — Aumento de ciberestafas en España
· SIC — Consulta pública sobre validación de identidad y protección de datos personales (sep-2026)
· Baker McKenzie — Colombia: SIC Opens Consultation on Identity Verification Systems (sep-2026)
· Olarte Moure — Consulta sobre protección de datos por validación de identidad (sep-2026)
· La República / Asobancaria — Jonathan Malagón, "Nuevos rostros, una misma amenaza" (sep-2026)
· El Espectador / DataCrédito Experian — Estudio de fraude digital en Colombia (sep-2026)
· El País / Centro Cibernético Policial — Cifras de estafa 2026 y alerta de Amor y Amistad (sep-2026)
· Superintendencia Financiera — Listado de Circulares Externas 2026
· TransUnion Colombia — Intentos de fraude digital 1S 2024 (contraste de cifra en circulación)
· El Colombiano / Banco de Bogotá — Clonación del número oficial de los bancos en vishing (sep-2026)
· Confilegal — Cuentas mula e inteligencia artificial: la posición de la entidad receptora (sep-2026)
· Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Comunicado de prensa nº 147/26, asunto C-70/25 (Tukowiecka), 15 de octubre de 2026
· Ministerio TIC — Resolución CRC 8308 de 2026: alertas y bloqueo de mensajes sin verificar (oct-2026)
· Diario Occidente / CRC — Reclamaciones por fraude en servicios móviles: $252 millones diarios (serie 2022-2024)
· Blu Radio / Banco de Bogotá — Alerta de la entidad por mensajes de texto fraudulentos (oct-2026)
· El Tiempo — Códigos cortos usados en la suplantación del Banco de Bogotá y Seguros Bolívar (oct-2026)
· Infobae / Kaspersky — Campaña de smishing sobre Bre-B y cifras de adopción del Banco de la República (oct-2026)
· Expansión / CONDUSEF — Reclamaciones por fraude en la banca mexicana, 1S 2026
· Infobae — Llamadas fantasma como fase de reconocimiento del vishing (oct-2026)
· Noticias RCN / Portafolio y Registraduría — Intentos de firma con cédulas de personas fallecidas (oct-2026)
· Portal Innova — Causas por fraude en Chile y participación del vishing (cifras de 2025 publicadas en 2026)
· Pirani — Ley 2573 de 2026: plazos del texto, cronograma de la SIC y entrada en vigor
· Diario Constitucional — Corte Suprema de Chile, Rol N° 55.219-2025: carga de la prueba de la culpa grave (oct-2026)
· Diario Constitucional — Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 218-2026 (oct-2026)
· 24 Horas — Corte Suprema y Ley 20.009 (sentencia de ago-2026, usada como contraste de fecha)
· Infobae / Kaspersky — Propensión de trabajadores peruanos a pulsar un enlace sospechoso (oct-2026)
· Departamento de Justicia de EE. UU., Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York — Suplantación de directivos y de abogados con voz e imagen sintética, USD 129 millones (nov-2026)
· Departamento de Justicia de EE. UU., Fiscalía del Distrito Norte de Texas — Catorce acusados por toma de control de cuentas con insiders en banca y telecomunicaciones (nov-2026)
· Poder Judicial de Chile — Corte de Apelaciones de Coyhaique, rol 54-2026: factor de inherencia como estándar probatorio (nov-2026)
· DataCrédito Experian — «Del fraude digital a la confianza digital», informe primario con ficha metodológica (ago-2026)
· Portafolio / BPC con datos de la Policía Nacional — Denuncias por fraude en transferencias electrónicas, ene–ago 2026 (nov-2026)
· SIC — Proyectos normativos para comentarios: verificación de ausencia de la propuesta de la Ley 2573 (nov-2026)
· DAPRE — Ley 2573 del 19 de mayo de 2026, texto oficial
· Rama Judicial — Ley Estatutaria 2573 de 2026: artículo 13 de vigencia y parágrafos del artículo 5
· Expansión — Fusión Fourthline–Veridas en verificación digital de identidad (nov-2026)
· Bloomberg Línea — BioCatch e IA agéntica en América Latina (contenido patrocinado, sin ficha metodológica, nov-2026)
Vigilancia continua. La sección Radar del periodo se alimenta de cinco alertas de monitoreo activas — "fraude bancario", vishing, smishing, "autenticación digital" e "identity theft" — complementadas con búsqueda directa en fuente oficial. Periodo revisado: 2 a 9 de noviembre de 2026. Las señales de prensa se contrastaron contra fuente primaria antes de incorporarse; las que no pudieron verificarse quedaron fuera, y las cifras cuyo año de origen no coincide con el año de la publicación que las cita quedaron marcadas como tal en la propia tarjeta.

Nota de cobertura de esta edición. Esta entrega cubre la ventana semanal ordinaria de 8 días, del 2 al 9 de noviembre de 2026: la edición anterior se publicó con fecha del 2 de noviembre, de modo que no hay periodo intermedio por recuperar. Se revisaron las 20 entregas de las alertas de monitoreo recibidas en la ventana y se consultó directamente la sede electrónica de la SIC — sala de prensa, sección de proyectos normativos y la convocatoria con su tabla de etapas —, las salas de prensa de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y de la Fiscalía del Distrito Norte de Texas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial de Chile y el informe primario de DataCrédito Experian en el sitio del emisor. Ninguna señal de esta edición quedó con insignia de prensa: las siete se apoyan en comunicado del emisor, organismo público o publicación identificada de un proveedor del sector.

Del material de las alertas se descartaron casos judiciales individuales y detenciones puntuales sin dato agregado, notas locales sin valor analítico, videos sin fuente y refritos de definiciones básicas. El descarte de mayor volumen fue la crisis de Ueno Bank en Paraguay, que dominó la alerta de "fraude bancario" durante toda la ventana con destitución presidencial, manifestaciones y cifras de ahorristas afectados: es un proceso penal y político de alcance corporativo, no una modalidad de fraude contra el cliente, y queda fuera por la misma regla que excluye los casos de corrupción. Se descartaron también varias detenciones por vishing en España y Puerto Rico sin dato agregado, y la temporada de alertas comerciales por Buen Fin, Black Friday y Navidad en México y España, que reitera definiciones ya recogidas en las fichas 02 y 03.

No se incorporó ninguna ficha nueva. Las dos mutaciones del periodo corresponden a fichas existentes: la suplantación en dos etapas con relevo a un falso abogado externo es una variante de la ficha 19, y la colusión interna simultánea en banco y operador móvil lo es de la ficha 24; ambas se actualizaron en modus operandi, señales, controles y dato, y llevan marca de actualización. La ficha 01 se actualizó para corregir un dato. El catálogo se mantiene en 25 fichas: forzar una ficha nueva sobre una mutación de una existente degradaría el catálogo.

Corrección del registro. Esta edición rectifica una afirmación de la entrega anterior: el cronograma de reglamentación de la Ley 2573 — mesas de trabajo, propuesta el 2 de noviembre, expedición el 20 de noviembre — se consignó como proveniente «de análisis de consultoría del sector, no de un acto administrativo ni de un comunicado de la SIC». La verificación en fuente muestra que ese cronograma figura en la tabla «Etapas de la convocatoria» publicada por la propia SIC. La corrección se registra tanto en la tarjeta de vigilancia del radar como en el marco regulatorio. Con ello el radar del periodo queda en siete señales.
Nota metodológica. Las cifras se reproducen como las publicó su fuente, con el periodo y el año de origen, sin extrapolación ni conversión. Los apartados de señales de monitoreo, controles asociados en la literatura y secuencia de respuesta documentada son síntesis de lo descrito en la literatura técnica y en publicaciones del sector; no son cita textual de una fuente única ni enunciado normativo, y no expresan una posición sobre qué conviene hacer. Cuando una afirmación no pudo contrastarse contra fuente primaria, quedó fuera o se registró con la insignia correspondiente.